Lo barato sale caro: ¿hay que reducir el precio de las matrículas universitarias?

079Observo con preocupación el movimiento en favor de una rebaja del precio de las matriculas universitarias. No me sorprende que haya colectivos de estudiantes que puedan pedirlo. Tampoco me provoca especial asombro la actitud entre condescendiente y cómplice de un Ministerio de Educación que se coloca en el papel del espectador amable que sabe que no correrá a su cuenta el coste de la invitación.

Me llama más la atención el fervor con el que, a veces, responsables universitarios y de las administraciones educativas autonómicas, celebran juntos el “logro” de una congelación o rebaja de los precios de las matrículas. Y, aunque lo comprenda, lo que me inquieta es pensar que la CRUE pueda secundar una medida de ese tipo y no quiero dejar, por ello, de pedir a mis colegas un poco más de reflexión y, si fuese preciso, de determinación.

Ya habrán adivinado que no estoy de acuerdo con esa tendencia que parece ir abriéndose paso hacia una política de rebaja de los precios de las matrículas de las enseñanzas universitarias.

Se me podrán invocar un montón de argumentos que no es mi intención desoír.  Que los precios han subido, en algunos casos muy significativamente, en los años de crisis y recortes. Pero eso no quiere decir necesariamente que haya que revertirlos justamente cuando ha mejorado la situación. Que el precio de las matriculas no está precisamente entre los más bajos de los sistemas universitarios de nuestro entorno europeo. Pero cuidado con que no vayan a pillarnos con el paso cambiado. Que la rebaja de precios de las matrículas es un modo de favorecer el acceso a la educación. Pero para eso ya está (o debería estar) el sistema de becas.

Me podrán decir que el precio de las matrículas es elevado. Pero puestos a comparar no estoy seguro de que sea muy superior, por ejemplo, al gasto en telefonía móvil de un joven medio español. Que supone una barrera a la entrada en la universidad para los niveles de rentas más bajas. Pero para esos las verdaderas barreras están en otros componentes, como los relacionados con la residencia, los desplazamientos o el coste de oportunidad (la pérdida de ingresos alternativos) de realizar los estudios universitarios. Y en todo caso, lo que me gustaría que alguien me llegase a explicar es quién y cómo se hará cargo de ese recorte de recaudación y, a ser posible, cuándo (para saber que podré pagar antes de pedir la consumición) porque tengo la sospecha de que los tiempos no resultan muy favorables para aumentos sustanciales en la financiación pública de la educación superior.

Lo que yo me pregunto, en cambio, es si lo barato sale caro, porque la propuesta de reducción de los precios de las matrículas me parece un ejemplo paradigmático del tipo de medidas que, de modo seguramente bienintencionado, conducen justamente a lo contrario de lo que aparentemente persiguen; y me recuerda el caso, de hace ya unos cuantos años, en que por no atreverse a subir el precio de los sellos del servicio público de correos lo que se consiguió fue que proliferasen todo tipo de mensajerías privadas.

Hay dos razones principales, entre algunas otras, por las que esa propuesta me parece un error. La primera de ellas es que, en un marco de insuficiencia de la financiación, detraer recursos sin garantías de contrapartidas supone un serio riesgo de deterioro de la calidad y el funcionamiento de la universidad pública que, a la larga, podría conducir a la más profunda de las inequidades: a una radical e indeseable segmentación entre una universidad privada para quiénes la puedan pagar y una universidad pública para quiénes no puedan hacerlo.

La segunda razón remite también a un problema de equidad en la apropiación pública o privada de los beneficios derivados de la educación. Son evidentes las razones teóricas para la financiación pública de la educación, basadas en la existencia de externalidades positivas que contribuyen al crecimiento económico y al bienestar social y benefician al conjunto de la sociedad. Pero hay también una apropiación privada de los beneficios de la educación, que justificaría que los beneficiarios individuales contribuyesen a sufragar o a devolver, al menos parcialmente, el coste de unas enseñanzas financiadas por la sociedad que les permitirán acceder en el futuro a mayores niveles salariales y de renta. Por si esto requiriese de alguna ejemplificación: ¿lo que proponemos es la gratuidad de un master, de odontología por ejemplo, que permitirá a los futuros titulados aplicar elevadas tarifas en los implantes a los miembros de la sociedad que les ha financiado los estudios?

No, no creo que la solución esté en bajar el precio de las matrículas sino en potenciar el sistema de becas y diseñar un adecuado sistema de préstamos (que, por cierto, habría que preguntarse por qué no han funcionado en España). Las becas sí pueden responder a los principios de equidad que no se alcanzan con la bajada de los precios de las matrículas. Reforzar las becas resulta indispensable cuando nuestro sistema es débil y notoriamente insuficiente, cuando se sitúan por debajo de otros sistemas universitarios con los que nos hemos de comparar y han sufrido un retroceso en los últimos años. Un sistema de becas bien diseñado debería, además, atender principalmente a cubrir el coste de oportunidad de realizar estudios (“becas salario”) para las rentas más bajas y podría constituir un poderoso instrumento de movilidad y de fomento de la competencia universitaria.

Bajar las matrículas puede concitar momentáneos aplausos, pero temo que tenga el efecto de lo que, a veces, ocurre con las gangas: que lo barato acabe resultando muy caro.

Juan A. Vázquez