El crecimiento de Asturias se ha rezagado en términos relativos en las últimas décadas. La oportunidad que se presenta es la de revertir esa situación y conseguir un crecimiento sostenido, basado en la competitividad y generador de actividad y empleo en la economía regional.

Por ello, el punto de partida ha de arrancar del diseño de una imprescindible y urgente estrategia orientada decididamente hacia el dinamismo económico como gran prioridad regional y a otorgar un mayor protagonismo a la empresa. El crecimiento, la competitividad, el empleo, son la única base de un futuro de progreso y con mayor bienestar social, porque para repartir hay que crear.

Esa estrategia ha de basarse en cinco pilares principales. En primer lugar, en la generación de un entorno y un ecosistema más favorable para la creación y el desarrollo de las empresas. En segundo lugar, en el impulso y consolidación de lo mejor de nuestra base económica industrial y de los sectores más estratégicos, tanto por la tradición y recursos de que se dispone como por contar con el activo de algunas grandes empresas. En tercer lugar, en el apoyo decidido a las Pymes, para eliminar obstáculos a su funcionamiento, favorecer su aumento de tamaño, fomentar la incorporación de nuevas tecnologías y facilitar su proyección exterior. En cuarto lugar, respaldando el surgimiento de sectores emergentes, con nuevos estímulos al emprendimiento, a las iniciativas de capital riesgo y a las “spin offs” en la región. Y en quinto lugar, en un cambio de enfoque que lleve de las tradicionales políticas de subvenciones al manejo de programas de incentivos estratégicos.

El desarrollo de un ecosistema favorable a la dinamización económica, ha de centrarse no solo en la empresa sino igualmente en la creación de las condiciones de un entorno favorable para la generación de actividad y empleo, entre otros, en los siguientes ámbitos principales.  Por un lado, en un marco presupuestario que revise el gasto ineficiente y eleve la inversión, así como en una fiscalidad acorde con los niveles de riqueza y renta y que ha de ser simplificada y revisada para procurar aliviar cargas impositivas y eliminar las discriminaciones existentes entre territorios, que desvirtúan la equidad y la competencia. Por otro lado, en un decidido apoyo a los autónomos y a las iniciativas de los emprendedores. Por último, en una evaluación y actualización, tras varias décadas de funcionamiento, de los instrumentos y del sistema de promoción económica y de su coordinación en los niveles autonómico y local.

Ese nuevo ecosistema necesita también una profunda revisión de las políticas regionales de empleo. Una revisión que las haga más ágiles, eficaces y cercanas a las necesidades de las empresas, que atienda muy prioritariamente a los jóvenes y los parados de larga duración y que mejore los recursos regionales para diagnosticar y ofrecer perfiles individuales de cualificación o recualificación.  Y, aun más allá del alcance de las específicas políticas regionales, requerirá plantearse la regulación y protección ante los profundos cambios y las formas de precariado que están introduciendo las nuevas tecnologías.

Para desarrollar ese cambio económico orientado a la competitividad, el crecimiento y la generación de empleo, es preciso igualmente movilizar las ideas, los proyectos y los agentes económicos y sociales, generar un consenso en torno a los objetivos y prioridades fundamentales para la región y abrir dinámicas de cooperación y buscar “alianzas inteligentes” público-privadas con nuevas fórmulas de colaboración.

En el momento actual, además, resulta vital afrontar los problemas que supone para la economía regional el proceso de transición energética, que comporta serios riesgos de desindustrialización, (no solo por los cierres de térmicas sino por sus efectos inducidos sobre los tráficos de los puertos y los costes de las empresas electrointensivas) y puede afectar a los precios y el suministro estable de energía. Ese proceso ha de abordarse con criterios de gradualidad, revisando los objetivos y ritmos establecidos, armonizando los beneficios globales con los perjuicios locales, disponiendo de compensaciones dirigidas a la reposición de nueva actividad económica, contando con una directa y activa implicación del gobierno de España y enmarcándose en una estrategia europea que contemple la imposición de un arancel ambiental como medio de evitar que importemos CO2 y exportemos empleo. Será preciso, además, desplegar medidas de eficiencia energética, completar las redes de interconexión y suministro eléctrico, estimular las energías renovables y diseñar una estrategia que permita pasar de un discurso defensivo a otro que contemple acciones eficaces para el aprovechamiento de las oportunidades de inversión y generación de actividad que pueda ofrecer el proceso de transición ecológica.

Por lo demás, habrá que prestar un apoyo firme a sectores de amplia implantación como el comercio, o que atraviesan dificultades como el pesquero y orientar las políticas de dinamización económica hacia actividades de ventaja comparativa regional, tanto en sectores tradicionales (el metal-mecánico, bienes de equipo, químico o la industria agroalimentaria, entre otros) como en sectores emergentes (del tipo de los servicios avanzados o de las nuevas tecnologías). Entre esas actividades con evidentes potencialidades se encuentra nuestro sector turístico, en el que ha de plantearse el objetivo explícito de aprovechar los márgenes de crecimiento de que dispone. Para contribuir a ello, habrá que impulsar el desarrollo de un plan estratégico que incluya, al menos, aspectos relacionados con la calidad, la formación, la mejora de la conexiones y comunicaciones externas, la ampliación de la oferta turística en particular en los ámbitos de la naturaleza, aventura, patrimonio, cultura o el turismo saludable, el fomento de las iniciativas de coworking, la cooperación y coordinación, la innovación y la incorporación de las nuevas tecnologías y soportes digitales tanto en la difusión de la oferta como en la gestión de la demanda y de las empresas del sector.