Las políticas de protección social y equidad ocupan un lugar central en este Programa. Pese a la amplitud de la red de protección social con que cuenta Asturias, se abre un nuevo escenario que obliga redefinir estas políticas. Sin olvidar que hay carencias notorias en algunos servicios, deficiencias en el funcionamiento del sistema y dificultades de financiación. Nuestro sistema de protección social es un gran logro colectivo, pero está muy necesitado de cambios para garantizar su continuidad y su adecuación a las nuevas necesidades de protección y de igualdad de oportunidades.

El escenario de nuevos riesgos de protección social obliga a un cambio de enfoque sobre el papel de las políticas sociales en el siglo XXI: ya no solo es proteger frente a riesgos, hay que capacitar para enfrentarlos. Remediar “ex post” las desigualdades es insuficiente, hay que prevenirlas “ex ante”, dotando de recursos, capacidades, poder e igualdad de oportunidades a los ciudadanos.

Ese principio debe plasmarse muy especialmente en la educación. Asturias cuenta con importantes disponibilidades de capital humano. El problema con que nos enfrentamos es que esos recursos no son convenientemente aprovechados y que esa relativa abundancia de capital humano no significa que su composición y calidad sean las más adecuadas para las necesidades de la región. La oportunidad que se nos ofrece es la de movilizar y aprovechar ese capital humano con una apuesta decidida por una formación de calidad y adaptada a las necesidades productivas y sociales, como una de las prioridades de las estrategias de futuro de Asturias.

Ese propósito requiere mejoras en todos los niveles educativos y ha de desplegarse a través de muy diversos planes y actuaciones, como los destinados a: reducir el abandono escolar temprano por debajo del 10%; a reordenar la oferta educativa regional; combinar una mayor autonomía de los centros educativos con más transparencia y rendimiento de cuentas sobre sus resultados; a establecer un programa de atracción y retención de jóvenes graduados de excelencia; a mejorar el diseño, eficacia y resultados de los planes de formación y realizar evaluaciones sistemáticas y rigurosas de su calidad y funcionamiento.

La estrategia educativa debe tener prioridades claras como la extensión de la red de 0 a 3 años y la potenciación de la Escuela Rural o la apuesta decidida en objetivos y recursos por la calidad del sistema universitario, lo que significa que Asturias tiene que conseguir más titulaciones de grado y postgrado de referencia nacional y con capacidad de atracción internacional.  Pero la más fundamental es el impulso y la priorización de la FP Dual, que ha de superar las actuales limitaciones y alcanzar su máximo desarrollo posible, con un sólido y amplio compromiso entre la administración y las empresas, orientándose hacia los sectores potencialmente más dinámicos y de especialización regional, persiguiendo la cobertura actualmente insatisfecha de nuestro sistema productivo y procurando que nadie salga del sistema educativo de FP sin un oficio o una garantía de recualificación.

La sanidad pública, universal, moderna, equitativa y de calidad, que ponga a los pacientes en el centro y cuente con los profesionales como el gran activo, constituye otro de los ámbitos de absoluta prioridad en este Programa. Disponemos de un buen sistema de salud, en el que en los últimos años se han materializado además destacadas realizaciones, que es indispensable consolidar y mejorar. Pero hay problemas no atendidos: la propia sostenibilidad financiera del sistema, la sobrecarga de los profesionales, las elevadas listas de espera, las ineficiencias que conducen a que alrededor de una cuarta parte de los recursos se dedican a actividades que no aportan valor al paciente y en el desafío de incorporar plenamente en el sector las capacidades de las nuevas tecnologías.

Se requieren, pues, nuevas estrategias que permitan avanzar en la renovación de un modelo sanitario con síntomas de agotamiento y de insuficiente aprovechamiento de sus recursos. Esas estrategias deben orientarse principalmente en tres direcciones. Por un lado, priorizar la atención primaria, domiciliaria y socio-sanitaria, la mejora de la eficiencia y la lucha contra las listas de espera, modernizando protocolos y procesos, dotando de más recursos y otorgando mayor autonomía organizativa a los centros de salud. Por otro lado, invertir en profesionales de apoyo, en particular en personal de enfermería especialistas en atención familiar y comunitaria, para promover la gran reforma pendiente que permita aprovechar al máximo el potencial del conjunto de los profesionales sanitarios, alcanzar mejores rendimientos y aliviar la enorme sobrecarga que soportan los médicos de atención primaria. Por último, propiciar la incorporación de puestos de gestión, mediación o análisis de datos, entre otros, impulsando sistemas de evaluación, avanzando hacia la docencia e investigación de excelencia, estimulando la carrera profesional, atrayendo talento y consolidando buques insignia de la sanidad asturiana como fue en su día el Hospital Universitario Central.

Adicionalmente, la sanidad asturiana ha de acometer como una de sus prioridades centrales la verdadera revolución que comporta incorporar el potencial de las nuevas tecnologías, la telemedicina, la digitalización, la ingeniería de datos, para disponer de historias clínicas, resultados, datos de demanda en tiempo real, disponibles en dispositivos electrónicos, para prestar asistencia telemática y simplificar procedimientos, mejorar la eficiencia de los recursos, la calidad, los resultados, los rendimientos y el servicio a los pacientes.

Ahí es, además, donde surgen verdaderas oportunidades para renovar el modelo sanitario, para aprovechar más eficientemente los recursos, para inducir desarrollos industriales y transferencia de conocimiento, para ampliar las colaboraciones entre servicios sanitarios y empresas tecnológicas en el desarrollo de soluciones digitales y para conseguir que el gasto sanitario sea capaz de crear atraer inversiones y de desarrollar talento.

Para dignificar y potenciar el importante papel del sistema asturiano de servicios sociales se precisa, igualmente, una revisión y un cambio de enfoque en una dirección guiada por un nuevo principio: son servicios que no se limitan a atender a personas con necesidades sociales o en riesgo de exclusión, sino que se ofrecen a todas las personas que lo necesiten para construir su propia autonomía en la vida cotidiana. Con ese enfoque, los servicios sociales, sin abandonar la atención a las situaciones de exclusión, deben definir con más claridad su perímetro de actuación y centrarse en estas áreas: por un lado, la atención a las personas que han perdido esa autonomía y a sus cuidadores; por otro lado a los menores y adolescentes en situaciones de desprotección.

En el desarrollo de esas políticas cobran una singular importancia, en particular, la atención a la dependencia, a las personas mayores como sujetos activos de la sociedad, a la accesibilidad universal y la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad. Para contribuir a desplegar eficazmente esas actuaciones, resulta decisivo reforzar el Tercer Sector Social, apoyar al mundo fundacional, contar con fórmulas de participación público-privadas y con la cooperación de la administración, las empresas y el sector del voluntariado, promover la profesionalización y digitalización, impulsar la legislación de mecenazgo y disponer de una estrategia autonómica de responsabilidad social.

El Salario Social Básico es un instrumento fundamental de las políticas de inclusión social. En Asturias ha tenido un desarrollo notable, que tiene que ser revisado para asegurar que sirve efectivamente a una inclusión efectiva en un contexto de sostenibilidad financiera. Esa revisión debe tener como eje la coordinación con el servicio público de empleo, para que la vinculación al empleo de los beneficiarios sea un objetivo fundamental. Eso significa también hacer que la percepción de esta prestación sea más compatible con ingresos por trabajo.

El difícil acceso a la vivienda, particularmente para los jóvenes, es la principal causa del singular retraso de la emancipación residencial y de la formalización de nuevas familias que se observa en Asturias. Una situación que hay que revertir mediante un conjunto de actuaciones que incluyan, principalmente, un incremento de la dotación pública de vivienda en un marco de colaboración público-privada, el fomento al alquiler temporal asequible para los jóvenes y la eliminación de trabas administrativas en los proyectos de rehabilitación y construcción de nuevas viviendas.

La atención a la dependencia no sólo es uno de los mayores retos para las políticas sociales de Asturias, también debe ser una fuente de nuevas oportunidades de innovación económica y social.  Es indudable que se necesita mejorar los recursos y la capacitación de los servicios profesionales encargados de la tramitación de las solicitudes, reduciendo de manera significativa las listas de espera. Pero está política necesita una revisión que la devuelva a su autentico objetivo, que no es cuidar de los dependientes, sino promover al máximo posible su autonomía. 

En la atención a la dependencia hay, además, una oportunidad de innovación para Asturias si se logran estimular y coordinar los esfuerzos de los centros de investigación, empresas y servicios públicos y privados en este sector.  Los campos de la domótica, la bioingeniería, la sanidad digital, la nutrición y el turismo pueden protagonizar el aprovechamiento de esas oportunidades si se les ofrecen ese entorno de estímulos y coordinación de esfuerzos.  La colaboración público-privada y la participación del voluntariado son campos de innovación social que deben explorarse.

La dedicación del grueso del presupuesto regional a las políticas sociales, hace que la calidad de su diseño y de su ejecución, junto al conocimiento de su coste efectivo y de su eficacia resulten fundamentales para asegurar el adecuado uso de esos recursos y para controlar su incremento. Sin embargo, Asturias apenas evalúa sus políticas sociales. Es imprescindible, por ello, poner en marcha un programa regional de evaluación de políticas sociales, que no necesitaría nuevas unidades administrativas, ya que puede realizarse a través de un convenio con grupos de investigación universitarios.

Las nuevas políticas sociales han de tratar de dar respuesta, además y aunque desborden propiamente el ámbito autonómico, a nuevas realidades y proteger frente a los riesgos del cambio tecnológico, en particular en lo relativo a los cambios en el empleo o la extensión del precariado, analizando con rigor posibles alternativas de futuro para la garantía de los beneficios sociales independientemente de la situación en el empleo, para procurar complementos salariales y fiscales que aseguren un nivel básico de ingresos o para introducir sistemas de “mochilas” que acompañen a los trabajadores a lo largo de sus trayectorias.