Sanear la vida pública cobra una decisiva importancia, en especial tras los acontecimientos registrados en los últimos años, para recuperar la confianza ciudadana y revitalizar la democracia. Ese imprescindible propósito ha de orientarse, al menos, en tres direcciones: la de impulsar la vida institucional y las formas innovadoras de participación política; la de afirmar y garantizar los derechos ciudadanos; y la de reformar y modernizar la Administración.

El impulso de la vida institucional y la participación democrática requiere, ante todo, no solo acabar y castigar la corrupción, suprimiendo los aforamientos para acabar con impunidades, sino practicar la ejemplaridad como norma inexcusable y fundamental en la vida pública. Requiere también regenerar las instituciones públicas y disponer de una representación política que, mediante una reforma de la Ley Electoral, garantice una sociedad de ciudadanos libres, iguales y comprometidos con la solidaridad.

Además de eso, es necesario procurar un eficaz funcionamiento de las instituciones, porque la calidad del entramado institucional constituye un elemento decisivo para el desarrollo de una sociedad. Diversos indicadores ponen de manifiesto que en Asturias padecemos un problema de desafección y distanciamiento con el funcionamiento institucional y que son necesarias mejoras para superar las deficiencias que apuntan a la debilidad y el bajo rendimiento del sistema político autonómico respecto a las necesidades de modernización de la región, con el resultado de arraigar la sensación de que prolongados esfuerzos individuales y colectivos están conduciendo a precarios resultados y a una insatisfacción con el funcionamiento del sistema político y de las instituciones regionales como mecanismos de cooperación para la acción colectiva.

La oportunidad para una mejora de la calidad institucional remite en Asturias a acciones concretas en diversos ámbitos. Por un lado, al reforzamiento de los mecanismos sociales de cooperación y coordinación, dentro y fuera del ámbito político, así como una mayor variedad y dinamismo de la clase política junto a una mayor participación de profesionales y un acercamiento de las elites sociales a la formación de la opinión pública.

Por otro lado, es preciso profundizar en los cambios que ya se aprecian en las pautas y en la configuración de las imágenes dominantes en la región, avanzando en la modernización del papel de los agentes económicos y sociales y promoviendo, entre otros, los valores de eficiencia y evaluación de los programas y actuaciones, las consideraciones de coste de oportunidad en la utilización de los recursos y la creación de ambientes económicos y sociales favorables colaborativos que se difundan y generalicen.

Para contribuir al fomento de nuevas formas de participación política será conveniente abrir nuevos canales que posibiliten el flujo de información y comunicación entre la ciudadanía y las instituciones políticas, con la finalidad no solo de informar de la labor legislativa y de gobierno sino recabar las ideas más creativas de la sociedad asturiana. Es necesario, además, contar con una estrategia de Responsabilidad Social de Asturias, alineada con los grandes retos europeos y globales.

El impulso de la regeneración institucional y la participación democrática tiene una de sus principales expresiones en la afirmación y extensión de los derechos ciudadanos, la justicia social, la inclusión de todos los colectivos sociales, el reconocimiento de los derechos de los colectivos LGTBI, la lucha por la erradicación de la violencia machista o la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y una verdadera conciliación laboral. En todos estos aspectos, la formación política Ciudadanos se encuentra claramente comprometida, como se ha puesto de manifiesto en diversas iniciativas legislativas tanto en Asturias como en el Parlamento español y en propuestas como la Ley de conciliación, igualdad y apoyo a las familias, en la ampliación de permisos de paternidad y maternidad, la extensión de los planes de igualdad en las empresas o el apoyo a las familias numerosas y monoparentales que, en su conjunto, apuntan al desarrollo de un nuevo pilar del Estado de Bienestar, el de las políticas de conciliación y de familia.

Para el impulso institucional resulta igualmente vital la modernización de la Administración y de la organización y funcionamiento de los servicios públicos. Esa reforma de la Administración remite no solo a una cuestión de tamaño sino de estructura, organización, funcionamiento y resultados. Sus ejes principales habrían de orientarse, al menos, a: analizar los costes de organismos y servicios para valorar su sostenibilidad; a evaluar la efectividad e interés social de organismos y programas; a mejorar los sistemas de reclutamiento de personal, bajo criterios de mérito y capacidad y atracción de talento; a la simplificación administrativa y el impulso de la administración digital; a fomentar la cooperación entre organismos, depurar solapamientos y propiciar fórmulas de colaboración público-privadas; y a mejorar la agilidad, calidad y niveles de atención y prestación de servicios a los ciudadanos.

La capacidad de actuación de la Administración y las políticas públicas estará seriamente condicionada por una reforma de trascendental importancia para Asturias que se llevará a cabo en la próxima legislatura: la de la financiación autonómica. Esta candidatura considera que esa decisiva cuestión ha de abordarse desde las siguientes premisas básicas: la de la igualdad en la prestación de los servicios a los ciudadanos en los diferentes territorios; la de la consideración del coste de los servicios frente a la capacidad fiscal; la de la defensa de una fórmula igualitaria en términos de financiación por habitante ajustado; la de incorporación en el modelo de variables relacionadas con las singularidades asturianas en aspectos como el envejecimiento, la dispersión poblacional o la orografía;  y la de la búsqueda de la más amplia concertación política y social y del mayor respaldo en todo el proceso negociador. Adicionalmente, parece imprescindible proceder a una revisión de las competencias de la Administración Central y las Comunidades Autónomas, no para propiciar una recentralización sino para para tener una mayor claridad en su reparto y para proceder con mayor eficacia y determinación en su aplicación.